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 ¿Colombia tiene problemas de energía?

01/10/2020 7:00


Foto: Archivo Particular

La incertidumbre en torno al proyecto hidroeléctrico de Ituango y la expectativa sobre el desarrollo de los proyectos de energías renovables en la Guajira han generado preocupación sobre la seguridad energética del país. ¿Qué piensa el Gobierno?

Las dos grandes apuestas de generación de energía para el futuro del país están hoy en el ojo del huracán. Por un lado, el proyecto hidroeléctrico de Ituango –con 2.400 megavatios de capacidad, cerca de 17% de la energía del país–, debía comenzar a operar en 2018, pero solo encendería sus primeras turbinas en 2022.

Y no es claro si lo logrará, en medio de las tensiones judiciales por la demanda de EPM contra constructores, aseguradoras, interventores y diseñadores por cerca de $10 billones, tras la contingencia que tuvo el proyecto.

Por otro lado, los más de 2.000 megavatios de energías renovables no convencionales –eólicas y solares– que se van a desarrollar en la Guajira en los próximos dos años están en medio de las tensiones de las consultas previas, aplazadas por la pandemia, y con un pronunciamiento reciente de tres procuradores judiciales de la región que solicitaron suspender esos proyectos, sus líneas de transmisión y también los planes de expansión. A estas circunstancias se han sumado otras de orden público, pues hace unas semanas secuestraron a tres funcionarios de uno de los proyectos de energías renovables.

Todo esto genera preocupación. Hoy la demanda está contraída por cuenta de la pandemia, pero hacia el futuro será clave contar con estos recursos energéticos, no solo para atender la recuperación de la economía, sino por la eventual aparición de un Fenómeno de El Niño.

Tras la contingencia de Hidroituango y los planes del Gobierno para recomponer la matriz energética, se realizaron dos subastas de energía el año pasado. Una en energía en firme –la que está en capacidad de entregar el generador en el peor escenario climático y de recursos– y otras en contratos de largo plazo, representadas especialmente en las renovables no convencionales. Se distribuyeron así: 1.200 megavatios térmicos, 2.200 renovables (unos en energía en firme y otros en contratos) y unos 200 megavatios adicionales hidroeléctricos. Todas estas inversiones superan los $10 billones.

De los térmicos avanzan los proyectos de Tesorito, una planta de 200 megavatios a gas, las obras en Candelaria, dos unidades en Termoyopal de 140 megavatios, entre otros. Es decir, hay tranquilidad con cerca de la mitad de esos proyectos, pero incertidumbre en otros como Termosolo, que está pendiente de la planta de regasificación del Pacífico y Termocaribe.



Los proyectos solares como el de El Paso, en el Cesar, se han convertido en referentes. Hidroituango, por su parte, debe encender la primera turbina en 2022.
Pero esto tiene una dificultad adicional: el tiempo. Desarrollar proyectos toma mínimo tres años. Además, el sector financiero en el mundo prácticamente no está apalancando las plantas de carbón.

En medio de todo se conoció un proyecto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que ampliaría los plazos para la entrada en operación de algunos proyectos. Todos estos tienen un año de gracia, siempre y cuando pongan garantías. Podría tener un año más si consiguen un tercero que asuma esa energía firme con la que estaba comprometido. Sobre el segundo año, la Creg plantea una propuesta adicional: como las plantas podrían tener algo de la capacidad a lo que se comprometieron, con eso cumplirían la obligación, lo que para muchos fue un claro mensaje para la situación de Hidroituango.

in embargo, eso no cayó bien entre los generadores térmicos. Como explica Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el gremio que los agrupa, eso solo funciona con algunas tecnologías. “Un térmico no puede hacer uso de una opción como esa. No puede subdividir su planta. Eso solo le sirve a una tecnología y no a todas. Y el cargo de energía en firme tiene que ser neutro. Nos preocupa que se cambie la naturaleza de neutralidad del cargo”, explica el dirigente gremial.

En medio de esta situación, ¿qué piensa el Gobierno? Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, en el programa de Dinero en Semana TV se mostró tranquilo. “En este momento estamos tranquilos con la capacidad de generación que tenemos, y con la que va a entrar por concepto de las subastas. Estamos tranquilos porque veníamos de una situación un poco apretada en materia de embalses antes de la pandemia, pero que se ha solucionado con el régimen de lluvias del segundo y tercer trimestre de este año. Hoy estamos en el nivel más alto de almacenamiento en lo corrido del año que es de 68,2% del embalse agregado. Eso nos da tranquilidad para el resto del año y para el periodo seco de 2021 en el primer trimestre de ese año”, señaló el funcionario.


En los próximos 7 meses entrarán más de 300 megavatios de energías renovables que no hacen parte de las subastas.
En torno al desarrollo de los proyectos de energías renovables no convencionales y la solicitud de los procuradores judiciales, advirtió que han tenido reuniones con la Procuraduría. Según el Ministro, se analizó esa comunicación interna que se filtró y quedaron con la certeza de que no se debe afectar ninguno de los proyectos de la región. Se aclaró que no era necesario consultar los planes de expansión porque se hacen a nivel general, aunque “obviamente sí hay que consultar los proyectos específicos”.

Confió en que entre 2022 y 2023 entren los proyectos de energías renovables no convencionales y aseguró que se avanza dentro de los cronogramas. Además, estimó que para los próximos 6 o 7 meses, más de 300 megavatios van a entrar en operación en proyectos de autogeneración o que le van a vender a la red y no están sujetos a las subastas. Frente a Hidroituango, dijo que el proyecto tiene obligaciones de energía en firme que debe cumplir y la primera turbina debe empezar operación en el primer trimestre de 2022. “La información que entrega la empresa nos da una tranquilidad cautelosa en cuanto a que el proyecto va a entrar en los plazos regulatorios y le da confiabilidad al sistema”, asegura el ministro.

En torno a la resolución para comentarios de la Creg, Mesa aclaró que busca dar la oportunidad a los proyectos del cargo por confiabilidad que entreguen la energía, pero ser más flexibles sobre la potencia. “Como las tecnologías han venido avanzando es posible que una planta que tenga una determinada capacidad de megavatios se haya comprometido a entregar una energía que hoy puede cumplir con la mitad de la capacidad instalada”, explicó.

Por ahora, el país sigue a la expectativa del comportamiento de la economía, que los proyectos entren oportunamente y cumplan sus cronogramas y que no aparezca en el corto plazo el fantasma del apagón.


Fuente: Dinero


Ocensa
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